Una cerca de madera vencida por el impacto de un vehículo es la única huella en un estrecho camino de terracería de la muerte de seis migrantes después de que dos soldados abrieran fuego contra la camioneta de carga en la que viajaban en el sur de México.
La más reciente tragedia con migrantes sucedió la noche del 1 de octubre, a más de mil kilómetros de donde Claudia Sheinbaum celebraba ese día en una gran fiesta popular su juramento como la primera mujer presidenta de México.
El suceso avivó el crudo debate sobre el papel de los militares en la contención de los crecientes flujos de migrantes que cruzan el país para llegar a la frontera con Estados Unidos.
En la pequeña comunidad Lázaro Cárdenas, en Chiapas, muy cerca de donde sucedió todo, testigos discrepan de la versión del Ejército acerca de que los soldados dispararon después de que escucharon detonaciones provenientes de la camioneta de carga, en la que viajaban 33 migrantes en total, 10 de los cuales fueron heridos además de los seis que fallecieron.
“Primero se escuchó que chocaron, luego otro ruido fuerte como de un disparo y luego muchos tiros seguiditos, como dicen de ‘ráfaga'”, dijo a Reuters un habitantes de la zona quien pidió el anonimato por temor a represalias. Dos pobladores más coincidieron con lo dicho por el hombre.
Sheinbaum condenó lo sucedido al día siguiente de que se diera a conocer embate de los dos soldados, quienes fueron detenidos y serán juzgados bajo leyes castrenses, lo que hace temer opacidad a organizaciones de migrantes y de derechos humanos por parte del Ejército, como aseguran ha ocurrido en otros casos.
La mandataria, quien es también la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, se negó a hablar sobre el relato de los militares y observadores se preguntan cuál será la política migratoria de Sheinbaum y qué papel tendrá el Ejército.
Un policía de la zona quien dijo que llegó al lugar del ataque minutos después de que sucedió cree que la fuerza ejercida en este caso fue “desmedida”.
“No puedes responder con disparos a personas que no están armadas“, dijo indignado y aseguró a Reuters que militares impidieron el paso a las fuerzas de seguridad locales, lo cual, afirmó que no es usual.
Ni la Secretaría de la Defensa ni la oficina de la presidencia respondieron a solicitudes de Reuters sobre lo dicho por los testigos.
Sheinbaum ha dado pocas señales sobre su política migratoria. Si continuará con la de su antecesor y mentor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, desplegando miles de elementos de la Guardia Nacional, un cuerpo policiaco militarizado bajo control del Ejército para contener migrantes.
Pero también a miles de marinos y soldados a lo largo de las rutas que decenas de miles de migrantes, en su mayoría de Centroamérica y Sudamérica, pero también de El Caribe y en menor medida de África y Asia, usan para tratar de llegar a Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia y con la esperanza de conseguir asilo en ese país.
“URGENTE” CAMBIO DE POLÍTICA
El uso de militares para contener a los migrantes, pero también en labores de seguridad y para enfrentar al crimen organizado no ha logrado su objetivo, de acuerdo con expertos que aseguran que, por el contrario, se han incrementado las violaciones a derechos humanos mientras se expande la actividad delictiva y de cárteles de la droga.
“Es urgente que la nueva administración de la presidenta Sheinbaum cambie este esquema para evitar más abusos y violaciones a los derechos humanos (…) como ocurrió en Chiapas“, consideró Israel Ibarra, investigador del Colef, un centro de estudios fronterizos México-Estados Unidos.
Chiapas ha pasado en los últimos años de ser un lugar conocido por sus grandes atractivos turísticos naturales y sitios arqueológicos, a sede de enfrentamientos constantes entre grupos criminales rivales que se disputan el control del tráfico de drogas y personas, obligando incluso a habitantes de algunas zonas a huir de sus hogares ante el acoso y la violencia.
De enero a agosto, Chiapas registró cerca de 500 muertes violentas frente a las 309 ocurridas durante el mismo periodo de 2023 y cerca del doble de las contabilizadas en 2022.
Entre Huixtla y Tapachula, una ciudad justo en la frontera con Guatemala, Reuters pudo identificar al menos seis puestos de control fronterizo con militares, policías locales y agentes migratorios en un trayecto de unos 40 kilómetros.
Tapachula, que se ha vuelto un enorme albergue de migrantes, muchos de ellos esperan en sus refugios a ser llamados para su trámite de asilo a través de la plataforma CBP One, en vez de arriesgarse a ser nuevamente víctimas de criminales en caso de emprender camino en alguna caravana.
“No me voy a salir de aquí hasta que llegue el día de mi cita”, dijo Nadia, una venezolana de 50 años, sobre su trámite de asilo. “Hasta afuera de las casas (de ayuda a migrantes) están secuestrando“, lamentó y recordó lo difícil que fue para ella escapar de la casa de seguridad donde la tuvieron cautiva junto con otras 30 personas, apenas hace unas semanas.
Con información de LATINUS.
