La Fiscalía General del Estado de Veracruz obtuvo la vinculación a proceso en contra la exjueza y candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a una senaduría, Angélica Sánchez Hernández, acusada de los delitos de tráfico de influencias y contra la fe pública.
El juez dictó, como medida cautelar, firma mensual en los juzgados de Pacho Viejo, pagar una garantía económica de 200 mil pesos y no salir el país durante su juicio. También estableció tres meses para la investigación complementaria dentro del proceso penal 297/2023.
Sánchez Hernández, detenida en dos ocasiones, aceptó ser candidata al Senado de la República por MC el pasado 5 de febrero y ese mismo día fue citada en los juzgados del penal de Pacho Viejo para rendir declaración.
La exjueza de control se presentó este lunes a los juzgados de la congregación de Pacho Viejo, donde el juez de control Roberto Santos Maldonado determinó vincularla a proceso, luego de ser imputada el pasado martes 6 de febrero.
En entrevista sobre la nueva imputación, del proceso penal 297/2023, Sánchez Hernández acusó al juez Roberto Santos Maldonado Morales de actuar a favor de la Fiscalía General del Estado, pese a que hay pruebas, dijo estar acusada “injustamente de favorecer” al presunto delincuente Itiel, alias “El Compa Playa”.
Recordó que Margaret Satterthwaite, relatora de la ONU, confirmó públicamente los abusos y excesos cometidos por parte de las autoridades de la fiscalía de Veracruz en su contra y recriminó que “nunca se ha hablado del delito del que fui víctima: desaparición forzada. Es confirmación de la ONU y hay una denuncia interpuesta por la primera detención”.
El delito al que alude la candidata de MC al Senado se refiere a que el 5 de junio de 2023 fue detenida en dos ocasiones por elementos de la fiscalía veracruzana, presuntamente por agredir a policías, pese a ello Norma Angélica no fue presentada ante un juez, y acusó haber sido presa de desaparición forzada.
Afirmó que sigue en lucha legal porque va a demostrar su inocencia a través de una denuncia que interpuso ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura.
Lamentó que “el fiscal pidió insistentemente al juez que me fijara una medida cautelar que me doliera y así fue, me fijó una garantía económica de 200 mil pesos, cantidad que no tengo porque desde hace seis meses ya no tengo empleo”.
Consideró que “ni el propio juez cree en la acusación que se hace”, pero comentó que esperará para saber cuál será el criterio que aplique y, “sobre todo, cuál será la instrucción que él va a recibir”.
Reveló que promoverá amparos: contra la firma periódica cada mes en los juzgados de Pacho Viejo, pagar una garantía económica de 200 mil pesos y no salir del país durante su juicio.
CON INFORMACIÓN DE LATINUS
