Por segunda ocasión, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, se reunió con los damnificados de las explosiones en Guadalajara, esta vez con integrantes del Colectivo Víctimas del 22 de abril de 1992, que encabeza la señora Sonia Solórzano Romo.
“Lo que nos toca es resolver una vez escuchando las necesidades que tienen. En algunos casos, de cirugías, otros de atención, medicamentos, algunos equipos y demás, nos toca resolver. Tú lo dijiste muy bien Sonia, este es un proceso, vamos a ir mejorando y vamos a ir sacando las cosas”, expresó el mandatario estatal.
El pasado lunes el mandatario hizo lo mismo con los integrantes de la Asociación 22 de Abril, encabezada por Lilia Ruiz Chávez. Con ambas agrupaciones estableció su compromiso para destinar recursos suficientes al Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (FIASS) del que dependen los afectados.
Propuso enviar una iniciativa al Congreso del Estado para que la aportación estatal sea obligatoria por ley integrada al proyecto anual de Presupuesto de Egresos del Estado, con su respectivo ajuste inflacionario.
“La propuesta que hacemos es enviar una iniciativa de ley para elevarlo a rango de ley y seguir aportando esos 5.5 millones de pesos más el crecimiento inflacionario de cada año”, explicó.
Actualmente el fideicomiso recibe 4 millones de pesos del Ayuntamiento de Guadalajara y 5.5 millones del Gobierno de Jalisco. Lemus Navarro dijo que se debe establecer una estrategia financiera para garantizar la continuidad del mismo. Además de esto, ofreció apoyo alimentario a las víctimas que así lo requieran.
También acordó acelerar los procesos de adquisición de medicamentos esenciales y realizar adecuaciones al consultorio exclusivo del Hospital General de Occidente, donde reciben atención médica especializada.
Lemus Navarro convocó a una nueva reunión de seguimiento dentro de un mes, para evaluar los avances de los acuerdos. Por su parte, Sonia Solórzano Romo, destacó la importancia del fideicomiso como un respaldo esencial para velar por las necesidades de las 52 personas afectadas de manera directa, sin distinciones por grupo o afiliación.
