El Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, dea Universidad de Guadalajara (UDG), señaló que se encuentra en riesgo el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) “ante la intención del Gobierno Federal de restarle credibilidad y debilitarlo”.
Mediante un comunicado, los ocho académicos que integran este cuerpo de investigación académica, refirieron que este registro fue creado a partir del impulso de familiares de víctimas de desaparición y la sociedad civil en México.
El reclamo ocurre a casi un mes de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentara las cifras de lo que consideró un censo para actualizar los datos oficiales sobre personas desaparecidas en México, y anunció que habían poco más de 12 mil personas desaparecidas aunque en el anterior registro se contaban más de 111 mil.
“(…) comenzó un esfuerzo sin precedentes en su historia por crear un registro nacional de todas las personas víctimas de desaparición involuntaria en México, cometida por el estado o por particulares, atrocidades que no prescriben y frente a los cuales ninguna sociedad puede optar por la inacción y el olvido“, exponen en el documento.
Califican al RNPDNO como un avance en materia de derechos humanos, “pues supone el rompimiento con un pasado autoritario donde el mismo estado fue perpetrador y cómplice”.
Además, lo consideran como una herramienta, parte de la política pública contra el crimen de la desaparición.
“Por ello, es preocupante que sean las propias autoridades quienes estén empecinadas en socavar su integridad, valor público y función de coordinación al no incluir las denuncias en su poder o demorar su ingreso, informar parcialmente, sobreestimar sus acciones de localización, revictimizar a las personas registradas sugiriendo que todas son por propia voluntad”.
Incluso señalaron que el propio Gobierno de Jalisco, desde marzo del 2022, incumple con su obligación de mantenerlo actualizado y activo, ya que tiene su propio recuento y dejó de alimentar al Registro Nacional.
Los investigadores rechazaron que estos datos en los que se da cuenta del crimen de desaparición en cada una de las entidades mexicanas, se convierta en objeto de una disputa política.
“Rechazamos que se convierta al RNPDNO en objeto de inventivas y de disputa política y, sobre todo, la tentativa del gobierno federal para subordinarlo y ajustarlo según una caprichosa estrategia que no tiene sustento legal, no cuenta con el aval de las familias, y cuyo propósito no parece ser la actualización, sino restarle credibilidad y debilitarlo como mecanismo emblema de una política de estado contra las desapariciones”, exhibieron.
Asimismo, el cuerpo académico especializados en el estudio del fenómeno, destacó que los registros de personas desaparecidas contra su voluntad no son una numeraria “a contentillo de nadie ni una estadística más, sino instrumentos fundamentales para preservar los derechos de las víctimas”.
Además de que coadyuva a mantener activa la búsqueda de personas y a orientar la acción del Estado “contra el horror de la desaparición forzada y cometida por particulares.“
En el documento, los académicos recalcan que este registro es el resultado de luchas de familias, colectivos y la sociedad civil “no dádivas de ningún gobierno que, por ello, pueda creerse con el derecho a alterarlos o revocarlos según su criterio y cálculo“.
Por eso piden a las autoridades de los distintos niveles de gobierno que “dejen de ir en contra de una conquista civil y logro histórico de numerosas generaciones”.
Por el Comité Universitario de Análisis
en materia de Desaparición de Personas firmaron, la doctora.Dolores del Carmen Chinas Salazar, coordinadora del grupo, la Dra. Denisse Ayala Hernández, secretaria técnica; el Dr. Rogelio Barba Álvarez, el Dr. David Coronado, la Dra. Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, y el Dr. Jorge Ramírez Plascencia.
CON INFORMACIÓN DE ARISTEGUI NOTICIAS
