El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró que ni él ni el Gobierno del Estado se entrometen en los otros poderes, en específico en la disputa legal existente entre una empresa inmobiliaria y estudiantes de la Universidad de Guadalajara que fueron denunciados por los particulares.
Afirmó que el derecho a la libre manifestación se respeta y se hace valer en Jalisco, por lo cual exhortó a que se encuentre una ruta que permita a los jóvenes enfrentar su proceso en libertad.
“Con absoluto respeto al Poder Judicial y en el marco de la comunicación institucional entre poderes que siempre hemos tenido, hago un exhorto para que se encuentre una ruta que permita que los jóvenes enfrenten su proceso fuera de la cárcel. Siempre he tenido mis reservas respecto a la prisión preventiva oficiosa y por eso creo que sería correcto encontrar, dentro del marco legal, el mecanismo para que el día de mañana puedan seguir el juicio en libertad, sin que esto signifique exonerar a nadie. Sobre las razones que hay detrás de toda esta campaña de mentiras y ataques contra los poderes públicos no hablare en esta ocasión. Todo en su debido momento. Por lo pronto, lo importante es encontrar el camino para que los jóvenes puedan enfrenar a la justicia en libertad”, detalló el mandatario.
Alfaro Ramírez aclaró que son falsas las acusaciones donde señalan que él giró instrucciones para presionar el futuro legal de los estudiantes, porque el gobierno estatal respeta la división de poderes y sus determinaciones.
Agregó que en Jalisco nadie está detenido por manifestarse, y que el caso de los tres estudiantes se debe a una denuncia de hechos presentada por un particular por el probable delito de despojo de inmuebles y aguas, previsto en el Código Penal del Estado:
“El terreno que estos jóvenes dicen que es un parque, no es un parque, sino una propiedad privada. Este predio hace años fue propiedad del municipio de Guadalajara y fue vendido en el año 2008 por el gobierno municipal, siendo presidente Alfonso Petersen. Su cabildo autorizó la venta y este decreto fue avalado por un consejo, del que por cierto formaba parte la Universidad de Guadalajara. Los dueños de este terreno están en todo su derecho de exigir que se aplique la ley contra quienes a su juicio lo invadieron ilegalmente. Es al Poder Judicial, no al Poder Ejecutivo ni al gobernador, a quien le toca resolver el tema y hacer justicia”, sentenció.
