El contralmirante Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua y prófugo de la justicia, obtuvo una suspensión provisional que le otorgó un juez de distrito ante la orden de aprehensión en su contra, mientras tres de sus subalternos están en prisión preventiva.
De acuerdo con testimonios, González Guerrero sería quien autorizó el operativo para retener a los indocumentados en la estación migratoria, a petición de funcionarios municipales.
Ayer, un juez de distrito le otorgó una suspensión provisional contra la orden de captura relacionada con este asunto.
La medida cautelar no impide que el contralmirante sea detenido en caso de que se imputen delitos que ameriten prisión oficiosa.
Por ello, una vez que sea detenido, quedará a disposición del juez que conoce el procedimiento penal para su continuación. Además, se impuso como medidas de aseguramiento que comparezca de manera física y personal ante el juez de la causa cuantas veces le sea exigido.
González Guerrero promovió el recurso el pasado 12 de abril, cuando el juez le pidió que pague una garantía de 8 mil pesos para que la suspensión provisional se mantenga vigente.
Prisión preventiva a tres
Los tres funcionarios detenidos la noche del jueves se encuentran ya en prisión preventiva que les dictó un juez del Centro de Justicia Penal Federal del estado, con residencia en Ciudad Juárez. Son señalados de ser posibles responsables del incendio en la estación migratoria el 27 de marzo pasado.
En la audiencia que empezó el jueves y concluyó ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Juan Meza Cumplido, subdirector del Grupo Beta en Juárez; Cecilia Rivera Tena, subrepresentante en la localidad de Rodrigo M. Quevedo, y a Eduardo Apodaca Magallanes, jefe del departamento de recursos materiales, por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, homicidio y lesiones.
Sin embargo, se acogieron a la duplicidad del término. La continuación de la audiencia inicial será el martes 18 de abril a las 15:15 horas para determinar su situación jurídica.
Rivera Tena, agente de Migración “B”, empezó un juicio de amparo, pero el juzgado de distrito aún no hace públicos los actos que impugna y le advirtió que ratifique su demanda.
