Un total de 14 comunidades otomíes y tepehuas insistieron este lunes en dialogar con el secretario de Seguridad Pública del Estado (SSP), Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, para abordar el tema de los elementos de Fuerza Civil que los golpean, extorsionan y hasta amenazan de muerte.
Los 14 pueblos de estas zonas indígenas se organizaron para exhibir estos abusos —persistentes desde abril pasado, después del cambio de delegado— que comenten los elementos policiacos que, internados en las comunidades, intimidan y extorsionan a sus habitantes.
Agustín Carpio Pérez, representante de la Organización de los Pueblos Originarios en Movimiento del municipio de Ixhuatlán de Madero, señaló que estos abusos policiacos se han agudizado en los últimos meses, sobre todo por elementos de la Fuerza Civil de la delegación Benito Juárez.
El dirigente indígena pidió ayuda al titular de Seguridad Pública del Estado (SSP), Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, para que detenga las arbitrariedades de “estos malos elementos, ya que con su actuar alteran la paz y tranquilidad en esas comunidades otomíes y tepehuas ubicados en la zona, imponiendo zozobra y temor entre los pobladores pues, incluso, han llegado a amenazar de muerte a los ciudadanos”.
“Hemos tratado de dialogar con el delegado, pero no se ha podido, por lo que los agentes municipales de las 14 congregaciones del municipio de Ixhuatlán de Madero, giraron un oficio al titular de la SSP para que intervenga, para que tome cartas en el asunto, antes de que ocurra una situación que lamentar en contra de estos malos elementos”, advirtió Carpio Pérez.
Explicó que elementos de la Fuerza Civil colocan retenes en puntos estratégicos de este municipio para pedir dinero y puso como ejemplo el retén ubicado ilegalmente en el crucero de Ixhuatlán de Madero-Tlalchiquile-Cruz Blanca, mejor conocido como “El Jobo“.
“A quienes tienen la mala suerte de toparse con ellos se les exige la aportación de 500 pesos para poder pasar, argumentándoles cualquier situación y exigiendo la presentación de documentos de sus unidades, como la tarjeta de circulación y documentos personales, que por costumbre no los llevan a la mano, porque son comunidades internas. Si no les dan el dinero solicitado, son golpeados por los policías y amenazados”, señaló.
Calculó que al menos unas 300 personas de las comunidades Zapote Bravo, Cruz Blanca, Tlalchiquile, Zimatla, El Progreso, Felipe Ángeles y Jonotal Progreso han sido víctimas de la extorsión de los elementos de Fuerza Civil.
Con información de LATINUS.
