El poder judicial debe evolucionar

Por Octavio Aristeo López

 

En este espacio he comentado reiteradamente que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos vigente señala en el Artículo 49: “El Supremo Poder de la Federación, se divide para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación”; Articulo 94 “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la federación en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito” y el Artículo 96 “Los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte serán hechos por el Presidente de la República y sometidos a la aprobación de la Cámara de Senadores, la que otorgará o negara esa aprobación”.

El Poder Judicial en México está constituida por una burocracia crecida en la arbitrariedad y la corrupción, ante tal situación la Suprema Corte de Justicia de la Nación origina conflictos y poca claridad en sus decisiones; su comportamiento es el de operadores de una maquinaria bien diseñada y construida en forma mecánica; falto de creatividad incurren en desgracias, fracasos e ineficiencias al aplicar e interpretar la ley, obstaculizan la administración de la justicia por la constante tensión en aplicar y ejecutar venganzas, olvidando la ética; y, postrarse ante los privilegios, y la justicia no sea accesible a todos los mexicanos.

El problema es que los ciudadanos observan, son testigos donde los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación violan la Constitución con placer, no son justos son arbitrarios, responden a sus jefes políticos que los llevaron a ocupar eso puestos, siguen los mandamientos de sus jefes inmediatos, aún a pesar de que violan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El libro, El proceso de Franz Kafka, relata que Josef K. es arrestado por una razón que desconoce y entra en un proceso judicial asfixiante en el que no conoce a su acusador, pero si de un Poder Judicial con una burocracia compleja, oscura, que no es visible su funcionamiento se apodera de la vida del ciudadano, con salarios ofensivos, son los empleados públicos mejor pagados del mundo.

“El proceso se acaba de iniciar y usted conocerá todo en el momento oportuno”, mientras el ciudadano esta indefenso ante un juez y magistrado que interpretan leyes complicadas. Todos ellos son licenciados en derecho, que hacen funcionar esta maquinaria. Entonces, existe indefensión jurídica y se desarrolla una conducta en el ciudadano que nombran los psicólogos indefensión aprendida (IA), que determina la conducta y estado de ánimo en su defensa por sus reacciones de miedo, temor, pánico y depresión, es decir, enferman a la sociedad.

¿Qué podemos esperar de quienes violan la ley, la Constitución y derrochan inmensas sumas de dinero para llegar al poder? Mafias del poder político y económico explotan y oprimen a los ciudadanos por medio de la ley interpretada por un Poder Judicial que no tiene la legitimidad del pueblo mexicano, solo hace negocios con la libertad de los ciudadanos.

Los intransigentes a cumplir la ley por estar a favor de los privilegiados y empresarios, son los que quieren instaurar un pasado reaccionario, señala Jesús Reyes Heroles: “Junto a ellos están también quienes confunden su situación personal con la situación nacional, aquellos satisfechos que nos dicen que en la sociedad actual todo está bien. Nos dicen que estamos en el mejor de los mundos: ¡No hagan nada; todo está bien! Conservemos el estado actual de las cosas ¡Son los satisfechos que no se percatan de que los estados sociales siempre están en movimiento y cambio perene!; que no puede haber un estado social perpetua o congelado. La sociedad que vive en desarrollo nunca se detiene, siempre está en movimiento, cambiando”.

Los integrantes del Poder Judicial deben de cambiar, evolucionar; de aquí, analistas políticos nacionales e internacionales afirman contundente que México no mejorara mientras exista la asociación de los miembros del Poder Judicial con el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico y la impunidad, por lo mismo, El poder judicial debe evolucionar.

La ceguera: son aquellas personas que carecen de visión, pérdida de visión, falta de visión, es decir, no ver nada, ni siquiera la luz. Asimismo, el capitalismo carece de moral, porque el vacío moral proviene de obtener riquezas, y existe un diálogo de sordos, no se ve ni escucha.

Los excesos de la opulencia están fuera de la austeridad republicana, de aquí, que el Estado de Derecho en el discurso solo sea una retórica, porque a pesar de ello sigue galopante la inseguridad, la corrupción y la impunidad.

El Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.” El que niega esta soberanía, está negando el derecho y tendrá su dialogo en el purgatorio.

Por consiguiente, el pueblo se convierte en aliado del Jefe del Poder Ejecutivo para instrumentar cada una de las reformas estructurales, porque el Jefe del Poder Ejecutivo no pude hacer por sí solo y menos si tiene obstáculos de grupos ambiciosos nacionales e internacionales.

Ninguna guerra, negociación o reforma interna podrán tener éxito sin ayuda del pueblo y el cumplimiento de la ley.

Por lo mismo, en sus escritos Jesús Reyes Heroles señala que: “Continuidad del liberalismo mexicano tampoco significa permanencia, inmutabilidad, constante actualidad de una petrificada idea liberal. Quiere decir evolución, mejoramiento y perfeccionamiento de las ideas liberales.”

En conclusión, el poder judicial debe evolucionar.

 

Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,

Universidad Nacional Autónoma de México.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

En la agenda de Washington el combate a las drogas ha sido factor clave para el retorno de los militares a tareas de seguridad interna, sostiene la especialista en seguridad y derechos humanos Mónica Serrano, quien asegura que como presidente, López Obrador tendrá una situación más complicada con las Fuerzas Armadas que sus antecesores. La manera en que el Ejército y la Marina actuarán, sentencia, no está siquiera en manos del que será su próximo comandante en jefe, sino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sus ministros van a definir los alcances de la Ley de Seguridad Interior.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Como sus antecesores, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador estará acotado frente a los militares. Incluso más. La dependencia creciente en las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad ha ampliado los espacios castrenses ante los presidentes, pese a los casos de violaciones a los derechos humanos. Aunque él mismo ha referido que en su gobierno habrá “un Ejército de paz”, los militares seguirán como actores centrales en el combate a la delincuencia organizada. Al menos en el mediano plazo.

 

La manera en que el Ejército y la Marina actuarán no está siquiera en manos del que será su nuevo comandante en jefe, sino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues los ministros del máximo tribunal van a definir los alcances de la Ley de Seguridad Interior.

Ese instrumento legal, peleado por los militares desde la década pasada para su confrontación con la delincuencia organizada, ha sido defendido por los próximos secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), el general de división Luis Cresencio Sandoval González; y de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, designados el lunes 22 por el presidente electo.

 

“Como presidente, López Obrador tendrá una situación más complicada con las Fuerzas Armadas que sus antecesores. En años recientes los militares han ganado espacios e influencia y al mismo tiempo hay grandes exigencias de justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos”, dice Mónica Serrano, investigadora de El Colegio de México, especialista en seguridad y derechos humanos.

Las relaciones entre civiles y militares en México pasan además por la política antinarcóticos de Estados Unidos y eso significa que la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas puede ser en los términos que le interesen a ese país, como ha ocurrido en Colombia, observa Serrano.

En entrevista telefónica con Proceso desde Bellagio, Italia, donde realiza una investigación sobre derechos humanos y la política de drogas de Estados Unidos, Serrano asegura que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina han ganado presupuesto, presencia y prerrogativas a consecuencia de su participación en el combate al narcotráfico.

“Los militares tienen ahora más poder político. La relación entre civiles y militares se ha alterado. No se puede explicar de otra manera que el presidente electo se haya presentado en los cuarteles centrales de los mandos del Ejército y la Marina. Se cuadró”, dice la investigadora en coincidencia con el reportaje “AMLO se cuadra” (Proceso 2182).

(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2191, ya en circulación)

Derrota de los técnicos

Por Octavio Aristeo López

 

La oligarquía mexicana empresarial sustentada por la tecnocracia esta espantada porque sus expertos creen más en la legalidad que en la legitimidad, esta es la batalla que están dando, es decir, ignoran que la legitimidad no es un legado jurídico, amenaza una ruptura porque quieren la continuidad del modelo económico neoliberal

La clase política corrupta y asesina, utiliza la legalidad para no ser castigada y quedar impune ante actos ilegales como la construcción del aeropuerto de Texcoco que rompió con la legalidad, y le da validez legal a sus fechorías; si se estudian a fondo los contratos que realizaron encontraremos muchas irregularidades en su elaboración, es decir contratos ilegales, pero el delincuente siempre deja rastros, por ello tienen miedo y temor de ser descubierto.

Algunos ya se van del país o se están amparando ¿Cuántos de la clase política que dejan el poder ya tienen boletos para viajar fuera de México antes y después del 1 de diciembre de 2018?, y no esperar la rendición de cuentas. Esto acelera la crisis política en éste cambio, que durará varios años.

Todo se acabó para algunos políticos, quienes no lo aceptan, pero todo lo que esté relacionado en asuntos federales debe tener metidas las manos el Jefe del Poder Ejecutivo, pues es el jefe de todo el gabinete y las decisiones de cualquiera de sus miembros lo  involucran, por lo que, es responsable.

En nuestro país, México, el jefe del Poder Ejecutivo nombra a los secretarios de Estado, que son sus servidores y auxiliares, y no son responsables de los delitos que comenten contra la seguridad nacional ni contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni por acto de corrupción en el derroche del presupuesto público asignados a sus áreas respectivas, son exonerados de toda responsabilidad con solo una orden del Jefe del Poder Ejecutivo, esto es ilegal.

Por lo tanto, el discurso legalista es vergonzante de los tecnócratas corruptos y asesinos. El imperio de la ley es el instrumento de impunidad, solo cuenta la verdad legal que es manipulada por el tecnócrata jurista.

Así, entendemos la miseria política en que vivimos, acompañada de pobreza moral e injusticia: la mediocridad o demagogia que nos rodea. Nada que ver con las nociones de política y de buen gobierno que nos enseñan los libros de texto y los grandes líderes políticos. Pero, ¿acaso la sociedad está libre de culpa?

La consulta al pueblo es parte de la legitimidad de un gobierno, la legitimidad no está en los expertos sino en los ciudadanos que tiene conciencia social, los tecnócratas no tienen conciencia social porque no se identifican con la sociedad.

Las empresas encuestadoras ahora son un fracaso porque sustituyeron la participación ciudadana desde hace más de 30 años, es una farsa que acompañó al modelo neoliberal para imponer políticas públicas y triunfos electorales sin tomar en cuenta a la ciudadanía.

Los tecnócratas impulsan políticas públicas sin consultar a la sociedad, no entienden éste proceso y recurren a la legalidad y olvidan la legitimidad; construir obras públicas que no es necesidad de la comunidad, pero si es un negocio lucrativo para unos cuantos individuos, este es el lenguaje y discurso que entienden.

No les interesa la vida humana, ni el medio ambiente, ni el respeto a los derechos humanos, les interesa el negocio lucrativo. No entienden que la democracia participativa y la democracia representativa van por el mismo camino, ambas se fortalecen, igual que la legalidad y la legitimidad, son necesarias; las leyes deben ser respetadas si son justas de acuerdo con la percepción de los contendientes.

Estamos observando en éste momento que la clase política tecnócrata corrupta y asesina tiene complejo de inferioridad, por lo que huyen de la realidad y se refugian en sus fantasías, ya sienten que la soledad lo estruja y se protegen creando ilusiones de que siguen gobernando para no caer en la neurosis, a la que tarde o temprano caerán, creen que seguirán mandando y gobernado.

Aquí se refleja parte de La vida es un sueño de Pedro Calderón de la Barca “Sueña el rey que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando”.

Vive en sus máscaras, porque desconfían de sí mismos, esto los llevó al fracaso y a la neurosis, ahora después del 1 de diciembre de 2018 abandonaran la realidad para refugiarse en la fantasía, es decir, vivirán en un personaje ficticio creyéndolo real, de aquí que seguirán viviendo en la mentira, así liberar su conciencia de inferioridad: es el arquetipo de la cultura política mexicana.

Los tecnócratas buscan solo números y datos, no les importa la conciencia social, los números y datos deben reflejar la realidad y no aceptan que la realidad se imponga a sus números y datos, sino se aplica la técnica que ellos diseñan y si no responden a sus parámetros numéricos, que pueden ser manipulados, es vivir en el error, entonces, la realidad se impune como sucedió el 1 de julio de 2018.

En este espacio, he dicho y sostengo que los funcionarios públicos y empresarios sociópatas egocéntricos construyen puentes con papeles fundamentados en mentiras; en el análisis de evaluación de riesgos, para ellos, es menos costosa la vida humana que el dinero, es decir, vale más el dinero que la vida humana. El dinero abarata vidas.

La burocracia y la tecnocracia, viven de la política y no para la política; viven de sus privilegios administrativos, de sus patrimonios administrativos, no son dinámicos, son elefantes blancos que quebrantan las instituciones y las convierten en cargas pesadas.

Por supuesto, existen fuerzas políticas ocultas que quieren un México autoritario; que se privilegie el conflicto porque viven en lucha permanente. Que corra sangre mexicana. Entonces, existen inquietudes autoritarias entre los tecnócratas, pues lo que buscan los empresarios es amenazar con la inestabilidad política del país.

Gobernar México es complicado y complejo, cualquier decisión que se tome, unos salen beneficiados y otros perjudicados; los beneficiados están contentos, los perjudicados protestan, aquí es encontrar el equilibrio para tener estabilidad; por supuesto, que al realizar cambios, reformas, crean molestias en unos y beneplácito para otros, es una lucha de perros.

 

Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,

Universidad Nacional Autónoma de México.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tendría que dejar de de usar los colores de la Bandera Nacional en su logotipo, de llegar al Senado y aprobarse una propuesta que prohíbe el uso de éstos a cualquier partido político.

La propuesta fue anunciada por la senadora Ana Gabriela Guevara, por Twitter el pasado miércoles. En su mensaje agrega que su propuesta también contempla que ningún gobierno use los colores patrios en obras, uniformes o pinturas:

“Entre mis propuestas hay una sobre uso colores patrios; Ningún partido usará como identidad la secuencia de los colores patrios. Ningún gobierno usará sus identidades gráficas y colores para ningún asunto, sea obra, uniforme, pintura”.

La propuesta de la ex velocista y próxima titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte (Conade) se pondrá en su momento a consideración del pleno del Senado.

El hecho podría ser una oportunidad para que el PRI lleve a cabo la renovación que ha ido anunciando luego de sufrir una terrible derrota en las pasadas elecciones del 1 de julio.

No es nueva la campaña para arrebatarle al PRI los colores de la Bandera Nacional

Desde hace décadas, partidos como Acción Nacional (PAN), el Mexicano Socialista (PMS), el de la Revolución Democrática (PRD), e incluso la activista Rosario Ibarra de Piedra, han buscado que el “partido oficial” deje de usar los colores del Lábaro Patrio.

El politólogo de la UNAM y el Colmex, Gibrán Ramírez Reyes, en una columna de 2014, explica cómo el PRI ha aprovechado los colores patrios para engañar a las personas de las zonas más marginadas y hacerlas votar “por los colores de la bandera”. También hace un recuento de las veces en que se intentó quitar los colores nacionales a ese partido.

El primer partido que lo intentó fue el PAN, cuando el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), antecedente del PRI, acaparaba los colores patrios. En 1940, Acción Nacional, quiso colocar una franja tricolor para su distintivo, pero no se lo permitieron pues ya los tenía el partido oficial.

En 1988, al izquierdista PMS tampoco se le permitió llevar “un ribete blanco y verde que completaba una franja tricolor en la orilla”.

Al año siguiente se le negó también al recién fundado PRD usar líneas rojas y verdes en el sol que caracteriza a su logotipo.

En 1994, la activista Rosario Ibarra de Piedra, en ese entonces presidenta de la Convención Nacional Democrática (CND), emanada del movimiento zapatista, inició una “Campaña para arrebatarle al PRI los colores de la Bandera Nacional“, que consistió en una iniciativa de plebiscito nacional, la cual no pudo llevarse a cabo pues el partido del Gobierno de ese entonces tenía la mayoría en el Congreso.

Finalmente, en el año 2000, el PAN volvió a intentarlo luego de que les prohibieran usar el rostro de Vicente Fox en las boletas. Tampoco tuvo efecto, aunque en ese entonces se unieron el Partido Verde Ecologista de México (PVEM, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y el PRD.