Ciudad de México. El titular de la Procuraduría General de Justicia capitalina, Edmundo Garrido Osorio, informó que Pavel Sánchez, quien resultó herido durante el ataque a la casa del cardenal Norberto Rivera, declaró ante el Ministerio Público del Estado de México que el objetivo era robar.

En conferencia de prensa precisó que en la entrevista al imputado señaló que la agresión la cometió el 21 de octubre en complicidad con otros dos individuos, quienes sabían de antemano que el inmueble donde cometerían el asalto era del cardenal.

Acompañado por el secretario de Seguridad Pública capitalino, Raymundo Collins, el procurador señaló que el presunto delincuente rindió su testimonio en el Hospital Lomas Verdes, en el Estado de México.

El acusado afirmó ante el Ministerio Público que la balacera inició porque uno de los dos escoltas que estaban en el domicilio comenzó a dispararles para no permitir que ingresaran.

En tanto, la Policía de Investigación realiza la búsqueda de los otros dos copartícipes, quienes se encuentran relacionados con una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso por disparo de arma de fuego en agravio del policía bancario José Javier Hernández Nava.

La Procuraduría capitalina obtuvo videos de los momentos clave durante y posterior a la agresión, incluso del instante en que los sospechosos llegan al hospital donde dejan a su cómplice herido.

Garrido Osorio señaló que las indagatorias continúan para cerrar el caso y llevar a los tres implicados ante las autoridades correspondientes.

Mencionó que el sujeto herido durante la balacera en la casa del cardenal permanece internado en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, por lo que una vez que sea dado de alta será presentado ante el juez que lo requiere.

Llegó la hora para el Chapo. El que para muchos se perfila como “el juicio del siglo” arrancaría este 5 de noviembre en Brooklyn, Nueva York, en una corte federal en la que, por espacio de tres a cinco meses, se ventilarán algunos de los secretos más oscuros del narcotráfico mexicano. Si bien en este proceso no se permitirán cámaras y el capo no desfilará por las escalinatas de la corte como lo hicieron los mafiosos de la familia Gambino en los años noventa, la seducción del narco no tiene precedentes.

A las 7 de la mañana de ese día, si todo sale acorde a lo previsto, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán dejará su celda en el Centro Correccional Metropolitano en Manhattan para cruzar el puente de Brooklyn en un convoy de camionetas blindadas, vigilado desde el cielo por uno o varios helicópteros. Para evitar cualquier intento de asesinato, llevará casco y chaleco antibalas, mientras que estará protegido por varios francotiradores apostados en edificios estratégicos a lo largo de los tres kilómetros que separan la cárcel del juzgado federal.

Ese, el juzgado Theodore Roosevelt para mayor detalle, será el campo de batalla en el que el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue, y los abogados de Guzmán Loera, Eduardo Balarezo y Jeffrey Lichtman, se disputarán el destino del capo mexicano ante el juez Brian Cogan y un jurado por seleccionar que permanecerá en el anonimato durante todo el juicio.

Con procesos similares como antecedente, el saque de juego queda claro: Donoghue buscará la mayor sentencia posible (cadena perpetua), acusando al líder criminal de haber sumido en una guerra violenta a México y asesinar a por lo menos 30 personas directamente, además de envenenar a miles de estadounidenses. Balarezo y Lichtman tratarán de convencer al jurado de que el exlíder del Cártel de Sinaloa no representa un riesgo tan grande para la sociedad y que ha sido víctima de una conspiración para presentarle como un monstruo. Ello, en busca de aminorar la sentencia que pende sobre su cabeza.

“Es como un juego de ajedrez”, confía un abogado de capos. Todas las fuentes consultadas para este texto declinaron ser nombradas por motivos de seguridad o para evitar represalias.

Por supuesto, nadie duda del resultado final: culpable. En un proceso como este, según antecedentes, un narco mexicano tiene prácticamente nulas posibilidades de eludir una condena.

“No hay escenario en el que El Chapo gane esto y todos lo saben”, afirma el abogado consultado. “Fue una locura que haya decidido ir a juicio en Nueva York. Tiene demasiado en contra”. De manera estratégica, el fiscal Donoghue atrajo todas las acusaciones pendientes contra el capo, incluidas causas judiciales en California, Texas, Nueva Hampshire, Illinois, Florida y Texas.

Pero a la par del espectáculo del proceso judicial, lo que ocurra en el juzgado también será un punto de atención para decenas de funcionarios públicos en distintos países. Porque hoy una de las dudas que priva es ¿qué tanto lodo salpicará el juicio? ¿Cuántos nombres de políticos, militares y policías corruptos que protegieron o colaboraron con el capo saldrán a relucir? La respuesta puede ser: mucho y muchos.

Media docena de memorandos judiciales de la Fiscalía de Nueva York consultados por Bloomberg Businessweek México dan cuenta de cómo el Departamento de Justicia ha confeccionado un robusto expediente nutrido, no solo por décadas de investigaciones, sino por testimonios de algunos de los colaboradores más cercanos del Chapo Guzmán, dispuestos a tomar el estrado para revelar detalles íntimos del funcionamiento de su imperio, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto.

UN VIEJO AMIGO

Entre los testigos protegidos que colaborarán en el juicio, confirmaron fuentes del gobierno, está Dámaso López, ‘El Licenciado’, viejo confidente de Guzmán, y con quien mantiene una violenta confrontación desde hace dos años.

Por sí solo, su testimonio apunta a ser muy comprometedor, pues participó en buena parte de las decisiones de más alto nivel del Cártel de Sinaloa durante más de dos décadas.

Pero la colaboración de López con las autoridades estadounidenses va más allá. Es la clave del juicio: la voltereta de bando será la norma y no la excepción durante este proceso, en el que todo apunta a que distintos operadores del Cártel se alinearán en contra de su viejo jefe.

Gracias al sistema de premios y castigos que prima en la justicia estadounidense, el incentivo a cooperar con las autoridades es fuerte. Para muestra, nuevamente ‘El Licenciado’, quien hoy está recluido en una prisión estatal de Virginia, después de haberse declarado culpable por el delito de importación de cocaína. Está a la espera de su sentencia, programada justo para finales de noviembre, unas semanas después de que inicie el juicio de Guzmán Loera. Su condena podría verse sustancialmente reducida si da información útil en contra de su expatrón. En un escenario optimista, quizá menos de 10 años.

Como el testimonio de Dámaso, distintos documentos preparatorios apuntan a que se tiene prevista una cascada de defecciones y traiciones de personajes a los que Washington ha buscado convencer en las últimas semanas de sumarse a su programa de protección de testigos, a cambio de información que robustezca el caso.

“Algunos de los testigos (…) viven en locaciones que el gobierno y estos testigos han mantenido secretas al Cártel”, se explica en un memorando fechado el 21 de septiembre pasado. “Otros testigos se encuentran ya encarcelados y en el programa de protección a testigos y por ende se encuentran en unidades de protección y custodia en sus respectivas cárceles a la luz del gran riesgo que se desprende para sus vidas debido a la naturaleza de su testimonio específico”.

Entre las evidencias que se espera terminen ventilándose en las semanas venideras se encuentran los sobornos a funcionarios públicos para permitir el paso de cargamentos de droga por toda la región, así como de aquellos servidores que asistieron en al menos cuatro escapes del Chapo: dos de prisión, en 2001 y 2015, uno de una redada organizada por la Policía Federal en Los Cabos, en 2012, y otro, en Los Mochis, en 2014.

No solo eso: la fiscalía de Nueva York acusará a Guzmán Loera de haber intentado huir de nueva cuenta a finales de 2016, poco antes de su extradición a Estados Unidos, según una llamada interceptada en la que “habló con familiares y otros conspiradores acerca de sobornar a funcionarios para conseguir que le movieran a otra prisión de México de la que pudiera fácilmente escapar”.

Esta declaración concuerda con el traslado de Guzmán Loera de la prisión del Altiplano a la de Ciudad Juárez, a mediados de ese año.

Junto a estos elementos, se acusará al sinaloense de una treintena de homicidios, numerosos secuestros, varios casos de tortura y el asesinato directo de dos sicarios de los Zetas “a los que ejecutó con un disparo en la cabeza”. ¿De dónde proviene esa información? Nuevamente, la precisión de los datos (se incluyen detalles de cómo se deshizo de los cuerpos, por ejemplo) indican que hay un colaborador en su entorno inmediato.

“El gobierno espera testimonio de múltiples testigos que colaborarán dando detalles sobre cómo el acusado siguió traficando con drogas y corrompiendo a funcionarios de distintos niveles después de que fue arrestado en 1993 (...) también después del arresto de febrero de 2014”, señala otro memorando enviado por la Fiscalía de Nueva York al juez Cogan.

La lista de servidores públicos que apoyaron a Guzmán Loera durante su dilatada carrera es tan potencialmente explosiva como extensa e imposible de predecir. Pero puede extenderse a América, Europa, Asia y Oceanía, en donde han sido halladas y desarticuladas decenas de células del Cártel de Sinaloa a lo largo de la última década y media.

“Podemos esperar muchos nombres”, asegura una fuente de inteligencia. “Por supuesto que los estadounidenses ya los conocen por sus actividades de espionaje, pero eso no evitará que se mencionen durante el juicio. Todo dependerá de qué tanto ruido quieran generar y si el Chapo quiere negociar o no”.

Lo cierto es que, bajo casi todos los escenarios, se avecina una inédita y sensacional lluvia de revelaciones en el juicio que arrancará en la corte federal de Brooklyn. Se trata del proceso judicial de mayor perfil vinculado a narcotráfico en las últimas décadas, desde que Carlos Lehder, uno de los fundadores del cártel de Medellín, fuera enjuiciado a finales de los años ochenta.

Los memorandos judiciales adelantan que prácticamente toda la carrera del Chapo será sometida a escrutinio: desde sus años mozos en Sinaloa, cuando se le conocía como “El Rápido”, por su capacidad para movilizar paquetes de droga, hasta su última etapa en libertad, tras escapar del penal del Altiplano en 2016.

El gobierno estadounidense se ha trazado como objetivo reconstruir el ascenso del Cártel de Sinaloa hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta, con miles de operadores distribuidos por una veintena de países del mundo.

Y de ahí, de remover el pasado, es de donde puede surgir más de un secreto.

EL PROTAGONISTA

El centro del espectáculo por venir yace en el carácter combativo que Guzmán Loera ha mantenido desde que fue entregado a Estados Unidos en 2016. Su necedad tiene el potencial de abrir una ventana al mundo del narco mexicano.

A diferencia del silencio al que accedieron otros capos de primer nivel que fueron extraditados, como Osiel Cárdenas, Eduardo Arellano Félix, Alfredo Beltrán Leyva o Édgar Valdéz Villarreal, el Chapo se ha mantenido inamovible: insiste en su inocencia y ha decidido enfrentarse al aparato judicial estadounidense sin declararse culpable.

Esa tozudez da vía a que el proceso judicial tome un curso más detallado, con testigos, expertos, documentos, videos y evidencias presentadas ante el jurado. Son elementos que, en otro escenario, habrían permanecido sin salir a la luz pública, lo que da a Washington la oportunidad para desplegar todo su arsenal.

Los testigos que participarán a favor del gobierno se encuentran en extremo peligro
Richard P. Donoghue, fiscal del Distrito Este de Nueva York

Y este es copioso. Para el proceso, el gobierno de Donald Trump ha preparado un extenso catálogo de evidencias que mezclan información obtenida por sus aparatos de espionaje y datos obtenidos por múltiples traiciones que cometieron, o están por cometer, personajes del primer círculo del Chapo.

Por ejemplo, un memorando fechado el pasado 4 de octubre, establece que el gobierno pretende introducir en el juicio comunicaciones interceptadas por agentes estadounidenses y de otras nacionalidades, además de correos electrónicos y mensajes de texto, incluidos algunos enviados a través de los teléfonos BlackBerry personales del Chapo y de varios de sus lugartenientes.

También hay varias imágenes satelitales del rancho de Guzmán, en Durango, ubicado gracias a la entrevista realizada por Sean Penn y Kate del Castillo en octubre de 2015. “Esta evidencia permitirá mostrar los esfuerzos del acusado para ocultarse y sus actividades criminales, porque revelará que la entrevista fue grabada en una locación remota y demostrará los medios y riqueza derivados de la actividad criminal. Por ejemplo, las imágenes mostrarán el tamaño del rancho, que incluye una plataforma de aterrizaje para helicópteros”, se adelanta en el memorando remitido a la corte a principios de octubre.

Se anticipa que al menos medio centenar de personas rendirán testimonio por parte del Departamento de Justicia.

Las identidades de los testigos se mantienen bajo estricta reserva, pero incluyen agentes de inteligencia, especialistas del FBI y la DEA, así como lugartenientes del Cártel y varios sicarios que ya han negociado con la autoridad.

“Durante el juicio, el gobierno espera obtener testimonio de múltiples testigos colaboradores acerca de la conducta criminal del acusado. Específicamente, sobre actos de tortura y secuestros cometidos por el acusado (…) actos violentos que se relacionan con el acusado (…) y evidencia de narcotráfico por parte del acusado antes de enero de 1989 y después de septiembre de 2014”, se establece en otro informe fechado el 30 de mayo.

DOS JUGADORES

Pero el ajedrez tiene dos jugadores. Y mientras la fiscalía mueve sus piezas, los abogados de Guzmán Loera también: presuntamente han comenzado a intimidar testigos para evitar que rindan su testimonio. Algunos han sido amenazados de muerte, de acuerdo con los testimoniales enviados al juez Cogan.

El primer mensaje de amenaza llegó por WhatsApp al celular de la abogada de TC4 (Testigo Colaborador 4) la tarde del 23 de septiembre pasado.

“¿Sabes que el gobierno traicionó a tu testigo? Nos vemos en la corte”, se leía en el mensaje.

La intimidación no venía de un número anónimo, sino del celular de Balarezo. “El mensaje que envió el abogado no puede ser leído más que como un intento de asustar o intimidar a un potencial testigo”, sostiene la fiscalía en un memorando fechado el 29 de septiembre. Balarezo y Lichtman fueron buscados para este artículo, sin embargo no respondieron a la petición de comentario.

En el documento firmado por el fiscal Donoghue, se detalla no solo la presión que ha comenzado a ejercer el equipo del capo para evitar que ciertos de sus excolaboradores tomen el estrado y rindan un testimonio potencialmente incriminatorio, sino las extremas medidas de seguridad que se tendrán que implementar para evitar que, por ejemplo, sean asesinados.

“Los testigos que participarán a favor del gobierno se encuentran en extremo peligro”, advirtió Donoghue. “El peligro al que se enfrentan ha sido narrado en numerosas órdenes previas. Por ejemplo, el acusado intentó silenciar a un testigo al secuestrar a miembros de su familia (…) o intentó asesinar a múltiples testigos colaboradores, además de asesinar a los hijos de otro testigo”.

Ante ese peligro, “el gobierno busca prohibir la diseminación de fotografías y de dibujos a carbón de las rostros de los testigos que tomen el estrado del juicio. La distribución de estas imágenes incrementaría el peligro para todos los testigos del gobierno, al igual que sus miembros familiares.”.

Parte del espectáculo que se vivirá, muy pronto, en el juzgado de Brooklyn. 

 
 
BLOOMBERG BUSINESSWEEK

Carlos Slim, el gran perdedor por cancelación de aeropuerto en Texcoco

El empresario mexicano posee la mayor parte de los 1,600 millones de dólares en la FIbra E, emitida por el GACM.

BLOOMBERG POR JUSTIN VILLAMIL Y ANDREA NAVARRO
30/10/2018
Actualización 31/10/2018 - 4:50
 
Carlos Slim

La lista de posibles perdedores tras la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco, anunciada el lunes por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, inicia con Carlos Slim, el hombre más rico de México, y continúa con empresas, inversionistas, aerolíneas y pasajeros.

El proyecto de 13 mil millones de dólares fue cancelado por López Obrador, después de que la opción más votada en la consulta ciudadana organizada la semana pasada eligiera, con un 69.9 por ciento de los votos, la opción de Santa Lucía.

Tras la conferencia de prensa en su casa de transición, los mercados reaccionaron a la baja: la Bolsa Mexicana de Valores perdió más de mil 900 puntos, mientras que el peso se depreció 3.25 por ciento.

Entre los grandes perdedores por el anuncio está el multimillonario Carlos Slim, quien posee la mayor parte de los mil 600 millones de dólares en Fibra E –un híbrido entre una sociedad limitada maestra y un fideicomiso de inversión en infraestructura y bienes raíces–, emitidos por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).

La cancelación también deja 6 mil millones de dólares en bonos 'en el aire', así como dificultades operativas para las aerolíneas y riesgos más amplios para el mercado y el país.

Muchos inversionistas ahora están preocupados de que López Obrador tome decisiones similares sobre contratos petroleros o proyectos mineros.

"El enfoque amistoso inicial hacia los mercados y el sector privado ahora está siendo cuestionado más firmemente", señaló Jorge Mariscal, director de inversiones de mercados emergentes de UBS Global Wealth Management.

“Inyecta mucha más incertidumbre al panorama mexicano", dijo en entrevista desde Nueva York.

Éstas son las principales partes afectadas por la cancelación de la terminal aérea en Texcoco:

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El GACM recaudó mil 600 millones de dólares a través de la oferta pública inicial del Fibra E, la mayor parte de la cual fue adquirida por Inbursa, el fondo de pensiones de Slim.

Mientras que la Fibra E es un contrato complejo y liquidarlo no tiene precedentes, el prospecto inicial dice que, en caso de cancelación, los titulares recibirán ingresos del aeropuerto existente a partir de enero, al menos dos años antes de que hubieran comenzado los pagos del nuevo aeropuerto.

La constructora de Slim también está muy involucrada en el proyecto.

Grupo Carso, propiedad del magnate, se asoció con Empresas ICA y otros para construir la terminal diseñada por el renombrado arquitecto británico Norman Foster, en un contrato cuyo valor es cercano a los 4 mil millones de dólares.

Carso también construye una de las pistas, con un costo estimado de alrededor de 400 millones de dólares cuando se adjudicó el contrato.

Si bien López Obrador ha dicho que no pedirá un recorte a los tenedores de bonos, se desconoce que ocurrirá exactamente.

El próximo Gobierno ha dicho que existen fondos para proteger las inversiones, y que sostendrá negociaciones con inversionistas para llegar a un resultado satisfactorio para todas las partes, pero muchos de ellos son escépticos .

"Habrá que hacer aclaraciones sobre los métodos, el proceso", explicó Michael Roche, estratega de renta fija de Seaport Global Holdings en Nueva York.

"Dado que el Gobierno mexicano está en ambos lados, como inversionista de capital y autoridad de Gobierno que retira la concesión, ¿quién supervisará el proceso? ", apuntó.

Los operadores aeroportuarios OMA, Asur y GAP, que operan casi todos los demás aeropuertos comerciales en México, buscaban un nuevo centro aeroportuario para la industria.

OMA cayó hasta 6.9 por ciento el lunes, la mayor pérdida desde abril de 2013, mientras que Asur y GAP sufrieron sus mayores retrocesos en tres meses y siete meses, respectivamente.

Por otra parte, las aerolíneas mexicanas Aeroméxico, Volaris e Interjet habían subrayado la necesidad de continuar con la construcción del nuevo aeropuerto, reclamando que la actual terminal aérea está saturada, lo que evita que puedan agregar más vuelos y frecuencias.

Para los inversionistas en activos mexicanos, cancelar el aeropuerto en Texcoco puede representar la primera prueba de mercado real para López Obrador, una que, a sus ojos, simplemente falló.

Muchos advierten que la cancelación establece un precedente peligroso, y que la debilidad en los activos financieros después del anuncio puede persistir.

Los analistas de JPMorgan rebajaron sus expectativas para el crecimiento del Producto Interno Bruto de México para 2019, que pasó de 2.4 a 1.9 por ciento.

"Esperamos que el PIB del próximo año se vea afectado por una debilitada confianza empresarial y otros efectos secundarios de la incertidumbre política", escribieron los analistas.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que el desarrollo económico y la infraestructura son problemas complejos que no deberían ser sometidos a consultas ciudadanas.

Determinar el futuro de proyectos con base en estos ejercicios puede perjudicar proyectos de inversión del sector privado en el futuro, e incluso puede afectar el financiamiento de parte de los proyectos de infraestructura del propio López Obrador, como el propuesto Tren Maya, según Jorge Mariscal de UBS.

Uno de las mayores consecuencias del anuncio hecho el lunes tiene que ver con la viabilidad de México para convertirse en un centro aeroportuario regional.

Sólo en 2017, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recibió a casi 45 millones de pasajeros, cuando su capacidad real es de 10 millones menos.

El estrés en el aeropuerto ha provocado retrasos y dificulta a las aerolíneas aumentar los vuelos.

El plan de López Obrador de agregar pistas en la Base Militar de Santa Lucía se puede topar con obstáculos.

Federico Patiño, jefe del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, quien supervisa la construcción de las instalaciones de Texcoco, explicó que el trabajo continuará bajo los términos actuales al menos hasta el 30 de noviembre.

El directivo señaló que aún no cuenta con información sobre si los contratistas actuales podrían mudarse a Santa Lucía.

CIUDAD DE MÉXICO.

El día de ayer, elementos de la Secretaría de Marina, de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina detuvieron a supuestos miembros de ‘La Unión de Tepito’, incluido David “N”, alias “El Pistache”, a quien se le señala de quedar como líder de la organización tras la captura de “El Betito”.

Desde hace un par de meses se le seguía la pista. Era de los hombres más buscados por la policía debido a que se le acusaba de homicidios, secuestros, trata de personas, extorsiones, entre otros delitos. Las autoridades ya sabían sus movimientos, desde los lugares a donde acudía y hasta las mujeres con que se reunía.

Ya conocían que los lunes por la noche se trasladaba del departamento ubicado en Lomas de Santa Fe, donde vivía, hacia la colonia Narvarte para que le entregaran las ‘ganancias’ que los extorsionadores y narcomenudistas obtenían durante el fin de semana.

Fue en la madrugada del martes que miembros de las distintas corporaciones llegaron a los departamentos en Santa Fe y la Narvarte, y a una casa en Tepito. De manera simultanea entraron a los tres lugares.

En Santa Fe, donde estaba “El Pistache”, no hubo resistencia. Él acababa de cenar pizza y esperaba la llegada de unos consomés. Cuando entraron por él y sus cómplices no tenían su arsenal cerca.

Al momento de su detención se puso pálido, se quedó sentado y con ganas de llorar. Un agente federal le acercó una bebida Yakult y se lo dio en la boca. No habló más.

En el mismo lugar se encontraba Daniel “N”, también conocido como “El Tiger”, otro líder del grupo delictivo.

Además de las armas, en el departamento se hallaba ropa de lujo y exclusiva, donde predominaban marcas como Louis Vuitton, Gucci y Dolce & Gabbana.

 

Estado de México.- Un niño de 6 años intentó quitarse la vida luego de sufrir abuso presuntamente por parte de un maestro y un alumno de 16 años en el municipio de Ecatepec.

A casi medio año que se diera a conocer el caso de que un maestro fue acusado de abuso sexual contra los niños de una primaria en la colonia Tablas del Pozo, fue detenido.

 

Hoy un niño de 6 años al intentar quitarse la vida, confesó ser víctima de un maestro y otro joven, quienes abusaron de él y le obligaban a ver pornografía.

De acuerdo con la información de Afondo, se trata de Rogelio N de 55 años quien impartía clases en una primaria y durante el mes de mayo fue acusado de abuso sexual contra varios alumnos.

Anteriormente se había difundido información sobre que este hombre había sido acusado por niños del plantel, quienes dijeron que los tocaba, besaba y ofrecía dinero para ir a su casa, pero afortunadamente denunciaron y los padre de familia actuaron.

Sin embargo, se supo que tuvo que pasar un año para que, tras el intento de quitarse la vida, un niño contara a sus padres lo que este hombre le hacía junto con un ex alumno, identificado como Yahir N de 16 años.

Familiares mencionaron que el sujeto, junto al adolecente, obligaban al niño a ver pornografía para luego abusar de él y amenazarlo con un cuchillo para que no contara lo que ocurría en una casa particular, el hombre quien al parecer tenía la confianza de la familia, lo llevó.

Al pasar los meses, familiares descubrieron que el pequeño atentó contra su propia vida, por lo que fue apoyado psicológicamente y así supieron lo que ocurría.

Agentes del Ministerio Público acudieron y ordenaron un examen para verificar que el niño no se haya contagiado de alguna enfermedad de transmisión sexual y se iniciaron más averiguaciones.

En mayo también se denunció que la directoria de la escuela, Leticia N, había protegido al maestro por las acusaciones y se negó a a poyar a los padres de familia, por eso, hoy exigen que también se le investigue como cómplice.

Pobladores de la comunidad, invitan a quienes hayan sido víctimas a denunciar, ya que se teme que hayan sido más víctimas durante todos los años que ha trabajado en el plantel.

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