Una pareja fue vinculada a proceso por la muerte de un bebé, hallado calcinado el pasado 31 de diciembre en un predio del municipio de Tlajomulco.

Se trata de Sandra Verónica “N” y su pareja Jesús Gabriel “N”, por los delitos de parricidio y homicidio calificado respectivamente, por su probable participación en la muerte de un infante de dos años de edad.

 

Lo anterior, luego de que se realizara su captura el pasado 8 de enero por autoridades del Estado de Querétaro, tras la solicitud de una orden de aprehensión por parte del personal de Homicidios Intencionales de la fiscalía jalisciense como parte de las indagatorias realizadas por dicha área.

Ambos fueron puestos a disposición del Juez de Control y Oralidad, quien en audiencia inicial y desahogo de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, se les vinculó por los delitos ya mencionados. Además, se les fijó como medida cautelar 18 meses de prisión preventiva y seis meses para el cierre de la investigación.

“Ellos acuden a su derecho de abstenerse de declarar. desde luego nosotros estamos actuando con base en pruebas e indicios de manera circunstancial, eso es lo que tenemos a la mano y así se obtuvo la orden de aprehensión”, explicó el fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís.

Agregó que entre los indicios encontrados que dieron inicio a las investigaciones, se encuentran que la pareja abandonó su domicilio de manera inconveniente, luego de esto se da con el hallazgo del cuerpo calcinado del menor, que tras la autopsia se determinó que falleció por un golpe, además de que se identificó la llegada de los ahora vinculados a proceso al municipio de Querétaro sin hacer un reporte del extravío o pérdida del menor.

“Con independencia de otros indicios encontrados en la habitación donde estuvieron los últimos días, la habitación en la que al parecer estuvieron recluidos más de un día sin salir, circunstancias como que la madre de la joven refería que había algunos problemas de violencia intrafamiliar con el sujeto (...) todo eso lo hemos concatenado a través de una fuerte argumentación lo cual nos llevó a la conclusión de que debíamos solicitar una orden de aprehensión por estos dos delitos”, expresó.

Ante el reconocimiento de la disminución de la denuncia anónima al 089 en Jalisco, el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, informó que generarán un plan para devolver la confianza de la ciudadanía hacia la institución.

El objetivo es aumentar el número de llamados y el aporte de información para la investigación de diversos ilícitos.

 

El funcionario dijo que ya se encuentran en el desarrollo de los procesos, mismos que realizarán en coordinación de la Secretaría de Seguridad Estatal y las autoridades federales.

Según la Fiscalía, en el primer semestre de 2018 las denuncias al 089 se redujeron  35% respecto al mismo periodo de 2017, y 41% menos en comparación con los primeros seis meses de 2016.

Arturo Ortiz y Sergio Rodríguez, vecinos de Altus Bosques, fraccionamiento ubicado en los límites de Tlaquepaque y Tlajomulco, padecen diariamente la contaminación que genera una ladrillera que opera a un costado de esta colonia.

Durante un recorrido por la zona, este medio observó cómo una gruesa capa de polvo se posó sobre las calles, viviendas, coches y muebles de los afectados.

 

“Siempre hay alguien en mi casa que está afectado de vías respiratorias”, comparte Rodríguez, quien señala que no ha recibido respuesta por parte de las autoridades municipales tras los llamados que él y otros vecinos han hecho para que atiendan el problema.

Sin embargo, a pesar de que se han implementado medidas para controlar la actividad de las ladrilleras de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), todavía hay algunas que escapan de la vigilancia oficial.

El Salto y Tonalá ejemplifican este problema. En el primer municipio, las autoridades desconocen el número de ladrilleras y si éstas cumplen con los requerimientos ambientales; el segundo ubica alrededor de 340, de las cuales sólo 60 están regularizadas.

De acuerdo con el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (Ciatec), instancia que elaboró un diagnóstico sobre el tema en 2017, en Tlajomulco,Tonalá, Zapopan, Tlaquepaque y El Salto había 747 ladrilleras. Sin embargo, este año se registraron 939.

Los directores de Ecología de Tonalá y Zapopan resaltan que hay negocios “casuales” que surgen y desaparecen en diversos momentos del año. Esto complica la supervisión.

Para Carlos González Figueredo, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), es clave que se mejoren las inspecciones de estos sitios, de modo que se asegure que los controles de tipos de emisiones se lleven a cabo de forma más rigurosa.

El experto agrega que la quema que se realiza en las ladrilleras es uno de los cinco factores que provocan las contingencias ambientales en la ciudad.

Los vecinos del Fraccionamiento Altus Bosques, ubicado entre Tlaquepaque y Tlajomulco, padecen la contaminación que genera una ladrillera. EL INFORMADOR/A. Camacho

Viven bajo una eterna capa de hollín 

En el Fraccionamiento Altus Bosques las noches son opacas y el olor a quemado invade la colonia. En las calles el aire se siente pesado y una gruesa capa de polvo y ceniza se acumula sobre los coches.

“Es más notorio en estas fechas, a veces tienes la casa llena de humo y afuera está igual”, cuenta Arturo Ortiz, habitante de esta zona.

Él y otros vecinos comentan que desde hace ocho años son afectados por el humo que provoca una ladrillera que opera a un lado del fraccionamiento, sobre la calle Camino Real a Agua Amarilla, casi con su cruce con Vicente Guerrero. Reportan que suele estar activa principalmente los fines de semana por las noches.

Este medio de comunicación observó que las emisiones y la falta de pavimentación crean una densa niebla que cubre con una capa de hollín y polvo todos los objetos en el exterior e incluso invade el interior de los domicilios.

“Siempre hay alguien en mi casa que siempre está afectado de vías respiratorias”, dice Sergio Rodríguez, quien al igual que Ortiz destaca que no ha recibido respuesta de las autoridades de Tlaquepaque.

A finales de 2017, el Gobierno de Tlaquepaque anunció una inversión de 20 millones de pesos para un parque en el cual reubicaría a los productores del gremio ladrillero. El proyecto no se ha concretado.

Roberto Baltazar Román, titular de Medio Ambiente de este municipio, acentúa que el parque quedó en el aire debido a un contratiempo con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). Actualmente, la administración de la alcaldesa María Elena Limón está a la espera de un nuevo recurso estatal o de otra propuesta.

El Ciatec destaca que los ladrilleros tienen un ingreso semanal de dos mil 116 pesos; señala que de ellos dependen al menos tres personas. EL INFORMADOR/J. Armendáriz

Ladrilleros de ZMG laboran bajo condiciones precarias

Los ladrilleros de la metrópoli trabajan sin el apoyo de herramientas que faciliten sus procesos de producción y que los ayuden a disminuir los contaminantes que libera esta actividad.

Carlos León, de la Cooperativa Unión de Ladrilleros y Agregados, de Tlaquepaque, señala que la polución podría reducirse con el uso de hornos de gas en lugar de leña.

Sin embargo, reconoce que es prácticamente imposible para este sector contar con esa clase de equipo, pues un artefacto de este tipo cuesta alrededor de 300 mil pesos. “Vivimos al día. Entre sueldos y gastos no nos ajusta para esa tecnología”.

Un estudio del Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (Ciatec) destaca que en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ocho de cada 10 ladrilleros no utilizan ningún tipo de tecnología alterna durante el proceso de quemado, como turbinas o ventiladores.

En el diagnóstico se agrega que los trabajadores, que ganan en promedio dos mil 116 pesos a la semana, se encuentran en condiciones sociales precarias. La mayor parte cuenta sólo con educación de nivel primaria e involucran a sus cónyuges e hijos en las labores.

Sin embargo, agrupaciones como la Cooperativa Unión de Ladrilleros se esfuerzan por profesionalizar a los miembros del sector mediante cursos y capacitaciones en temas como ahorro de combustible, manejo de tierras y creación de valor agregado para sus productos.

El Ciatec acentúa que estos esfuerzos llegan a un porcentaje pequeño de la industria, pues sólo uno de cada 10 ladrilleros en Jalisco ha participado en estas actividades.

León resalta que la mayor parte de quienes pertenecen a la Cooperativa Unión de Ladrilleros se ubica en Tlaquepaque. Asegura que están dispuestos a reubicarse lejos de las áreas pobladas, pero indica que el proceso está pendiente debido a que el Ayuntamiento no ha concretado la adquisición de un predio para este fin.

Sólo uno de cada 10 ladrilleros que trabajan en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ha acudido a los cursos y capacitaciones. EL INFORMADOR/J. Armendáriz

GUÍA

Medidas que buscan implementar los ayuntamientos y la Semadet

Quema escalonada. Consiste en el establecimiento de un calendario de quemas por zonas, de manera que no se realicen de forma simultánea en varias áreas de un mismo municipio.

Horarios regulados. Los reglamentos de Tlaquepaque y Tlajomulco establecen horarios que prohíben realizar quemas durante la temporada invernal.

Suspensión de actividades. En el momento en que la calidad del aire llega a niveles de contingencia o precontingencia, se llama a la suspensión de actividades.

Cursos y capacitaciones. Se busca la mejora en los procesos de fabricación de ladrillos, de manera que se aminore el impacto ambiental, se cuente con mayores medidas de seguridad y no se sacrifique la calidad del producto final.

Ladrillera que opera a un lado del fraccionamiento Altus Bosques, sobre la calle Camino Real a Agua Amarilla. EL INFORMADOR/J. Armendáriz

LA VOZ DEL EXPERTO

Se requieren zonas especiales

Carlos González Figueredo (académico del ITESO)

Para el investigador, una medida adecuada para mejorar la regulación de la actividad ladrillera es la creación de más parques como el que ya existe en Tlajomulco. “Al tenerlos concentrados, puedes controlar mucho mejor el funcionamiento”.

El especialista apuntó que la “quema escalonada” (regular los horarios de combustión de las ladrilleras por zonas, de manera que la emisión de contaminantes se realice sólo en un área cada vez) es una de las acciones que han ayudado a paliar el impacto ambiental. Sin embargo, destacó que se debe apretar la supervisión.

“Se sabe que el número (de ladrilleras) en la ciudad ya es muy alto y contribuye en gran medida a la mala calidad del aire”, observó.

González Figueredo enfatizó que si bien esta actividad afecta al medio ambiente, el principal problema en este sentido proviene de la utilización de los vehículos automotores.

Consideró que la situación en la metrópoli es “particular” debido a la alta densidad de establecimientos productores de ladrillo en un área particularmente pequeña, y al hecho de que las prácticas artesanales con que se quema la arcilla implican métodos de combustión poco confiables, como lo es el uso de leña.

Amás de dos años de su lanzamiento, la plataforma digital para denunciar actos de corrupción llamada protocolo 409 solamente recibió 34 quejas, de las cuales 17 fueron atendidas, 12 se quedaron sin contestar, cuatro están en proceso y una tuvo respuesta insatisfactoria.

La presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (Itei), Cynthia Cantero Pacheco, considera que el resultado se debe principalmente a que la sociedad no está acostumbrada a denunciar, aunque faltó una estrategia de comunicación para que la plataforma se posicionara entre la población.

 

“Es algo en lo que hemos hecho énfasis: que se denuncie lo que estuvo mal de un funcionario público. Posiblemente no se utilizó la plataforma Protocolo 409 por falta de difusión, o al ciudadano no le interesó presionar a la Contraloría de alguna autoridad para que el trabajo fuera más rápido”.

Cantero Pacheco indica que en diciembre pasado se dieron cuenta de que la plataforma estaba teniendo fallas, pero ya fue reactivada. Ahora seguirá dar de alta a las nuevas dependencias estatales y municipales. El apartado se encuentra en la página electrónica del Itei.

“Dentro del plan de trabajo está reactivar la invitación a las nuevas autoridades para que se sumen, para que el trabajo de los órganos de control puedan rendir cuentas a la sociedad. Para el ciudadano es más sencillo contactar solamente uno de ellos”.

El coordinador del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides, menciona que en 2016 se pensaba que las cosas en materia de anticorrupción iban a cambiar, pero la gente necesita resultados para denunciar.

“Regresará la participación de la población en la medida en que tengan efectos sus denuncias. Ya sea que tenga razón el que denunció, o que le aclaren que lo que reportó no tiene fondo. De lo contrario, la gente no va a tener motivos para denunciar actos de corrupción”.

El Protocolo 409 fue presentado el 26 de octubre de 2016 por el Itei, la Universidad de Guadalajara, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente y el Gobierno de Jalisco.

De un total de 504 sujetos obligados, El Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco fue el peor evaluado en transparencia. EL INFORMADOR/Archivo

Fideicomisos y sindicatos, los más opacos

El Instituto de Transparencia (Itei) presentó la última evaluación a los portales de 100 sujetos obligados, de un total de 504 que están obligados a rendir cuentas. Por primera vez, el resultado será vinculante a sanciones, por lo que se les pidió a los incumplidos que atendieran las observaciones. En promedio, el puntaje de cumplimiento de los sujetos obligados fue de 69.29 puntos, de una escala de 100.

Los fideicomisos sin estructura y los sindicatos tuvieron la peor evaluación por bloque, con 42.08 y 51.50 puntos, respectivamente.

Los primeros tres lugares del ranking de cumplimiento fueron para el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA), el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) y el Organismo Operador del Parque de la Solidaridad. Los peores lugares fueron para el Sindicato Único de Trabajadores Académicos de Conalep de Jalisco, el Fideicomiso para el Fondo de Garantía Agropecuaria de Jalisco (Fifojal), el Ayuntamiento de Ayotlán y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TAE).

La presidenta del Itei, Cynthia Cantero Pacheco, responde que está por vencerse el término que tenían los sujetos obligados para enviar informes de cumplimiento y no cumplimiento.

“Será uno de los datos que daremos en  la próxima sesión , donde estaremos revisando los informes que hayan enviado los sujetos obligados. De 100 sujetos obligados, alrededor de 81 enviaron informes de cumplimiento y 19 no lo hicieron”.

Detalla que van a revisar el fondo de los documentos que recibieron para determinar procedimientos de responsabilidad por el incumplimiento, ya que los sujetos obligados tenían 30 días hábiles para ponerse al corriente.

Adelanta que se podrían generar sanciones económicas para los titulares, o en un momento determinado, para los extitulares que estaban al frente de esas instituciones.

“Según la ley, pueden ir desde los 12 mil a los 84 mil pesos para el que estaba de titular, que es el responsable de que esté publicada y revisada la información”.

Remarca que las medidas proceden también para anteriores servidores públicos, en caso de que los nuevos funcionarios acrediten que no les dejaron los datos, y que el incumplimiento fue por parte de la anterior administración.

Por opacidad, en 2018 se sancionaron a 99 funcionarios (81 amonestaciones públicas, 13 multas y cinco arrestos). La cifra de 2017 fue de 119 servidores públicos sancionados y 208 durante 2016.

La titular recuerda que los sujetos obligados, como secretarías estatales, municipios, organismos descentralizados, Poder Judicial o fideicomisos deben actualizar la información cada mes, principalmente la relacionada con el Artículo 8, que tiene más rubros.

Por eso pide que si los ciudadanos detectan que los portales no tienen la información, envíen un recurso de transparencia al Itei.

 

A la espera del portal nacional

Luego que se logró conformar el Sistema Anticorrupción del Estado, uno de los principales pendientes es la creación de la Plataforma Digital Nacional, afirma Cynthia Cantero Pacheco.

Indica que en este sitio los ciudadanos podrán presentar denuncias, aparecerán los procedimientos de compra, se conocerá quiénes se contratan y bajo cuáles estatus, declaraciones de intereses y patrimoniales, entre otros datos.

Explica que la plataforma, responsabilidad del Sistema Nacional Anticorrupción, está en etapa de construcción, por lo que esperan que en unos meses quede concluida. “Cuando esté lista, en todos los Estados, los sistemas nos vamos a tener que conectar. Se concentrará toda la información de las autoridades”.

Acentúa que existió voluntad de instituciones en el tema de la plataforma 409, ya que 38 sujetos obligados recibieron las denuncias que se les atribuyeron. “Buscamos que no exista impunidad por parte de las autoridades donde en ocasiones se presentan denuncias por parte de los ciudadanos, y no son atendidas… en ese avance, el reflejo de algunas de las denuncias fueron contestadas”.

Informa que este año comenzarán a gestionar propuestas con las nuevas administraciones, con el objetivo de incrementar la transparencia de actividades. Dice que, aunque son 504 sujetos obligados de forma directa en Jaisco, llegarán a 700 con entidades indirectas.

“Solamente del Poder Ejecutivo se derivan 100 sujetos obligados, con los cuales tenemos que comenzar a trabajar, ya sea en capacitaciones, acercamientos…”.

Remarca que con el Poder Judicial, Congreso del Estado, municipios de la zona metropolitana y Gobierno del Estado buscarán ir más allá de lo que la ley establece en cuanto a publicación de información. Un ejemplo será transparentar los procesos de justicia, donde el ciudadano pueda identificar lo que se está haciendo en el Poder Judicial. O en el Congreso de Jalisco, proyectos de parlamento abierto.

Artículo 8

Los sujetos obligados deben informar cada mes cuestiones relacionadas con finanzas, patrimonio, viajes, estadísticas, estudios, ingresos recibidos, entre otros.

Cynthia Cantero Pacheco, presidenta del Itei. EL INFORMADOR/Archivo

Los responsables

Sujeto. Los sujetos obligados son aquellos que reciben recursos públicos. Según el Itei son entes que generan o administran información pública, y las personas jurídicas privadas que recauden, administren o apliquen recursos públicos.

Evaluación. El Itei vigila, a través de evaluaciones a portales de internet, que los sujetos obligados pongan a disposición de la población la información generada como resultado de sus funciones y atribuciones, particularmente aquella establecida como “fundamental”. 

Guadalajara presenta canales para reportes

La Contraloría Ciudadana de Guadalajara presentó la semana pasada distintos canales para denunciar actos de corrupción, ya sea de forma presencial, telefónica o electrónica.

El contralor tapatío, Enrique Aldana, informa que los tapatíos pueden presentar las denuncias por medio de buzones de quejas instalados en la Presidencia Municipal, en las direcciones de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos, Obras Públicas, en Padrón y Licencias, Servicios Médicos Municipales, Registro Civil, Justicia Municipal y en Control al Comercio en la Vía Pública. Además de módulos itinerantes en eventos masivos realizados en el municipio.

También recibirán denuncias exclusivas por WhatsApp al número 33-12-64-23-56.Una de las principales ventajas es que la mayoría de las personas usa este medio de comunicación y no causa dificultades a los ciudadanos.

Para que las quejas trasciendan, pidieron que se adjuntaran los elementos suficientes y detalles como lugar, fecha y hora de los hechos, así como modo en que se llevaron a cabo. De ser posible pidieron fotografías, videos y cualquier material que pueda ser de utilidad.

Las autoridades indican que la Contraloría investiga 23 casos de corrupción, por señalamientos como  presunto abuso de autoridad, cohecho y la solicitud de dádivas.

Implementan estrategia para recibir denuncias en Zapopan

El portal de internet del Ayuntamiento de Zapopan cuenta con un apartado llamado “Pégale a la Corrupción”, en el cual reciben reportes de abusos por parte de servidores públicos.

David Rodríguez, encargado de despacho de la Contraloría Ciudadana, indica que en 2018 recibieron 196 peticiones, entre quejas por irregularidades en trámites y abusos de funcionarios.

Subraya que la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en 2017, significó un parteaguas para delimitar el funcionamiento de “Pégale a la Corrupción”, ya que en años anteriores no tenían la legislación específica.

Enfatiza que una vez que el ciudadano presenta su queja formal se siguen dos procesos: investigación y sustanciación. El primero se lleva a cabo por laContraloría, mientras que la Sindicatura se encarga de lo segundo.

“El Sistema Anticorrupción pide tener la independencia específica de las personas que resuelven el procedimiento, tanto de lo que es la investigación, como la sustanciación”.

Recalca que actualmente no han tenido resoluciones completas de las quejas, pero sí han avanzado, ya que cuentan con 69 denuncias en el esquema de investigación, 15 en sustanciación, 10 casos en trámite de procedimientos no graves, dos graves y el resto de los reportes se concluyeron por falta de elementos. “Tendrá que llevarse a cabo el procedimiento, no tiene un término concreto, mientras que no caduque”.

Coincide en que, con la Plataforma Digital Anticorrupción, se podrá ampliar el alcance en materia de información. Por ejemplo, si un trabajador fue sancionado en Guanajuato y viene a trabajar a Jalisco se podrá conocer su historial. Además de que se podrán subir las declaraciones patrimoniales y de intereses.

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