En 9 meses, se disparan compensaciones federales por violar derechos humanos

México
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Entre 2015 y 2017, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) entregó 129 millones por violaciones a los derechos humanos que cometieron autoridades federales. Sin embargo, de enero a septiembre de 2018 la cifra aumentó a 335 millones: 2.5 veces más.

En el informe que el órgano entregó como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, destacó que entre los responsables de los abusos, por los cuales se otorgaron pagos en los primeros nueve meses de este año, están los gobiernos de Quintana Roo, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Baja California y Oaxaca; la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

Además, acentuó que los montos se dieron por hechos como pérdida de la vida, ejecución arbitraria, tortura, incomunicación, violación a la presunción de inocencia, desaparición forzada, lesiones, detención arbitraria, retención ilegal y uso excesivo de la fuerza, entre otros.

Uno de estos ejemplos se documentó en 2016, cuando se compensó con seis millones 908 mil 587 pesos a siete víctimas indirectas que dejó la muerte de una persona a manos del Ejército.

Ese mismo año se desembolsaron tres millones 259 mil 282 pesos por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la legalidad y a la seguridad que cometieron elementos de la PGR.

Esta última dependencia removió de sus cargos a 13 agentes que detuvieron indebidamente a personas y las maltrataron física y psicológicamente entre 2016 y 2017.

Para Alejandro Anaya, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), el incremento puede adjudicarse a las últimas reformas a la Ley de Víctimas, pero también a la presión que han ejercido las organizaciones civiles y los afectados. “(La CEAV) está siendo muy lenta y muy problemática en asignar pagos”, dijo.

 

También aumentan las solicitudes

De acuerdo con el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), las solicitudes de personas que sufrieron un delito o una violación a sus derechos humanos van al alza.

Por ejemplo, si bien en 2014 se documentaron dos mil 776 peticiones, en 2017 se apuntaron seis mil 654. Hasta el tercer trimestre del año sumaron cinco mil 520.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) destaca que la ley en la materia establece en su Capítulo IV de los apartados del Sistema Nacional que el Renavi es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas a nivel nacional e inscribir los datos.

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral

El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se constituyó el 24 de noviembre de 2014, mediante la formalización del contrato de fideicomiso público de administración y pago, por lo que a partir de 2015 inició operaciones. Hasta el momento se han atendido 154 casos; 108 este año.

Compensaciones por violaciones a los derechos humanos

Año Casos Víctimas beneficiadas Monto ejercido 
2015 14 85 45’915,222
2016 12 53 33’576,564
2017 20 21 49’677,888
2018* 108 480 335’004,959
Total 154 639 464’174,635

*Hasta el 31 de septiembre.
Fuente: CEAV.

Compensan con millones por asesinatos y torturas

Desde 2015, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha entregado 464 millones 174 mil pesos para compensar 154 casos de violaciones a los derechos humanos que cometieron las autoridades federales.

En uno de ellos el organismo registró un pago por cinco millones 655 mil 530 pesos que recibieron las víctimas indirectas que dejó la muerte de una persona a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Sin embargo, en uno de 2016 se señaló al Ejército, a la Procuraduría General de la República (PGR), al Gobierno de Baja California y al Ayuntamiento de Tijuana por abusos como detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación, tortura y atentados contra la libertad sexual de una persona. Por estos hechos se otorgaron tres millones 683 mil pesos a ocho víctimas indirectas.

La CEAV destacó en su listado otro monto por cuatro millones 264 mil 918 pesos relacionado con la recomendación 51/2014 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En este documento, dirigido al titular de las Fuerzas Armadas, Salvador Cienfuegos; al entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, y a quien fungía como gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, se resaltaron los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, en los que un grupo de militares privó de la vida a 22 personas en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya. Una de ellas era una adolescente de 15 años.

El Ejército mexicano, la PGR e incluso municipios como Tijuana están entre los señalados. 

“Las primeras noticias reportaban que los civiles pertenecían a un grupo de presuntos delincuentes, quienes se encontraban adentro de una bodega, y que en ese lugar se había rescatado a tres mujeres secuestradas. Fue hasta el 9 de julio cuando algunos medios de comunicación reportaron que podía tratarse de una privación arbitraria de la vida”, se acentuó.

Alejandro Anaya, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), resaltó que cuando el Estado, en vez de proteger, respetar, garantizar y promover los derechos humanos, falla en su obligación y se vuelve el agresor, debe reparar el daño.

TELÓN DE FONDO

La PGR remueve a 226 por casos de corrupción y violación de derechos

El pasado 10 de febrero, este medio de comunicación publicó que entre el 1 de enero de 2012 y el 5 de septiembre de 2017, la Procuraduría General de la República (PGR) removió de sus cargos a 226 servidores públicos por actos de corrupción y por violaciones a los derechos humanos.

De ese total, 53 funcionarios dejaron sus puestos en este periodo por no cumplir, retrasar o perjudicar, por negligencia, al Ministerio Público de la Federación. Otros 50 lo hicieron porque solicitaron o recibieron pagos o gratificaciones a cambio de realizar su trabajo.

En el informe que la dependencia federal entregó como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, se resaltó que otros fueron separados por no ejercitar acción penal o ejecutar mal los mandamientos judiciales, abandonar comisión, funciones o servicios sin causa justificada, auxiliarse de personal ajeno a la institución, no obedecer instrucciones, maltratar física y psicológicamente a detenidos y llevar a cabo, de forma indebida, retenciones, práctica de cateo e integración de carpeta de investigación, entre otras acciones.

Además, en el documento se precisó que 110 de estos ex empleados laboraban en la Ciudad de México, 18 en Baja California, 13 en el Estado de México y 10 en Jalisco.

Se agregó que entre 2016 y 2017 se iniciaron 257 carpetas de investigación contra funcionarios de la dependencia por actos como abuso de autoridad, cohecho, ejercicio ilícito e indebido de servicio público, enriquecimiento ilícito, intimidación, peculado y tráfico de influencias.

LA VOZ DEL EXPERTO

Colombia, ejemplo en las atenciones

Alejandro Anaya (académico del ITESO)

Para el coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), las autoridades deben aprender de las acciones que aplica el Gobierno de Colombia para atender a las personas cuyos derechos humanos fueron violados.

Anaya destacó que, en México, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) requiere de una sentencia judicial, un pronunciamiento del Ministerio Público o una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para reconocer la calidad de víctima.

Sin embargo, acentuó que en la nación sudamericana el mecanismo administrativo está a cargo de una instancia similar a la CEAV, que puede identificar a los afectados y comenzar con el proceso de reparación del daño.

“La ventana por la cual las víctimas pueden entrar a la Comisión es muy chiquita. Es muy difícil lograr que se reconozca la calidad de víctima (en México)”.

El académico señaló que, para mejorar la atención, también se debe establecer un tabulador que determine los montos que se tienen que entregar por tipo de abuso, pues actualmente no hay un criterio establecido, claro y objetivo de las cantidades que deben otorgarse. 

Otros componentes

Anaya explicó que uno de los componentes de la reparación de daño es la compensación económica. Otros son la justicia, la verdad y la memoria. “Si nuestra política se limita a las compensaciones, estamos en problemas. Eso es realmente lo que está pasando. Y lo están haciendo muy poquito y mal”.

Este medio de comunicación solicitó una entrevista con la CEAV sobre este tema. Hasta anoche no se atendió la petición.

 

GUÍA

¿Qué dice la ley?

  • El Artículo 4 de la Ley de Víctimas establece que se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o que hayan sido puestos en peligro o lesión sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
  • También señala que son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.
  • Destaca que son víctimas potenciales las personas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia al afectado ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.
  • Acentúa que la calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la ley con independencia de que se identifique, aprehenda o condene al responsable del daño, o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.
  • Agrega que son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.